Derechos del gobernado

Posición respecto del Estado que guardan los derechos del gobernado en el proceso de transición de un sistema garante a un sistema acusatorio.

El objetivo primordial del Estado es ajustar su sistema de justicia hacia los principios que debe seguir un Estado, para ser considerado un Estado democrático de Derecho, los cuales son: equidad, solidaridad, bien común, responsabilidad social, convivencia social y justicia social.

El sistema de justicia en México responde a un Estado garante, ya que, busca proteger las garantías individuales y los derechos humanos de los gobernados, que se establecen en la Constitución para dar seguridad jurídica a los mismos.

En las relaciones que surgen entre el Estado y sus gobernados, existen una multiplicidad de actos que el Estado realiza y que afectan de manera jurídica a los gobernados.

Es necesaria la regulación de los actos del Estado por medio del sistema jurídico, para proporcionarles seguridad jurídica a los gobernados. Ferrajoli dice que el Derecho es la garantía de la limitación del poder. En base a esto, surge la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.

La sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico es la forma en que las autoridades se encuentran sujetas a las normas jurídicas para proteger a los gobernados de abusos por parte de estas, por ejemplo: los requisitos que deben observar las autoridades para molestar a una persona, la competencia limitada y exclusiva de cada nivel de gobierno, la imposibilidad de aplicar al paso leyes nuevas, etc.

La transición de un sistema garante a una acusatorio surge de la necesidad de establecer un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia, puesto que, el sistema actual tiene problemas tanto de diseño como de funcionamiento, que lo hacen ineficiente e injusto y en base a esto , el Estado de derecho es vulnerado en muchos procesos y actos por parte de las autoridades.